¿Quién mató a Juan Pablo Jiménez?

Deja un comentario

marzo 19, 2013 por La Vieja Noche

El trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida y en un charco de sangre que lo rodeaba. Un video de seguridad grabó lo sucedido.

ALAI, América Latina en Movimiento

2013-03-18

Chile

Sindicalista muere en Azeta por bala en el cráneo

¿Quién mató a Juan Pablo Jiménez?

auno231711

Arnaldo Pérez Guerra

Una bala mató a Juan Pablo Jiménez Garrido, presidente del Sindicato Nº1 de Azeta y de la Federación de trabajadores, al interior de las dependencias de la empresa contratista de Chilectra, del grupo Enersis. Al día siguiente, el 22 de febrero, el dirigente tenía audiencias en tribunales y la Dirección del Trabajo para denunciar los abusos laborales de la empresa. Juan Pablo había finalizado su turno y se sentó en una banca a revisar documentación relacionada con la actividad sindical y su teléfono celular. Minutos después, a las 15:56 horas, se desplomó. Estaba muerto. Fue visto por compañeros de trabajo a la salida de la oficina de la jefatura. El trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida y en un charco de sangre que lo rodeaba. Un video de seguridad grabó lo sucedido. Le trasladaron a la Mutual de Seguridad, pero fue inútil. Hasta ese momento, todos pensaban que había muerto producto de un paro cardiaco o un derrame cerebral. El 22 de febrero, se le practicó la autopsia en el Servicio Médico Legal (SML). Una bala perforó su cráneo provocándole una fractura craneal expuesta. La investigación judicial recién comienza.

Juan Pablo Jiménez lideró un duro proceso de negociación colectiva, que culminó en diciembre de 2012. Se votó la huelga pues no hubo acuerdo con Azeta. Sin embargo, la asamblea decidió acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo. “Eso molestó a los dueños de la empresa, porque significa repetir la negociación colectiva en el plazo de un año”, dice la abogada Margarita Peña, asesora del Sindicato Nº1. Juan Pablo había presentado muchas denuncias contra Azeta por abusos y condiciones deficientes de seguridad, entre otras. En junio de 2012, falleció electrocutado el trabajador Richard Trincado. “En los últimos días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se habían agudizado, producto del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se les quiso imponer. Se debe considerar que se trata de trabajadores subcontratistas de la empresa Chilectra, encargados de reponer el servicio eléctrico, y que desarrollan labores en condiciones de alta peligrosidad. Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa, al término de su jornada de trabajo, y sin que la gerencia pueda explicar lo sucedido”, señala el comunicado del Sindicato Nº1.
Malos antecedentes
Juan Carlos Jiménez, padre de Juan Pablo, dice a Punto Final: “No estamos dando entrevistas a ningún medio. Esta la doy porque mi hijo, aparte de que no pertenecía a ningún partido político, tenía su tendencia de izquierda por el solo hecho de luchar por los trabajadores, y me había hablado de Punto Final. Me contaba cosas de su trabajo y tuvo problemas por las demandas laborales, no amenazas ni mucho menos, pero sí mucha presión de los patrones. Yo nunca supe que a Juan Pablo lo hubieran amenazado. El problema grave fue en la negociación del año pasado, fue lo único. Existe la posibilidad de que mi hijo ya no esté en estos momentos por eso. Negociaron, se acogieron al artículo 369, y estaban por unificar los sindicatos. Cuando la empresa supo, fue un balde de agua fría. De ahí, Juan Pablo empezó a tener problemas… a ser presionado. No es como para que hubiese sido asesinado… pero a mi hijo lo asesinaron. Estuve sentado donde murió y creo que se precipitaron mucho en la hipótesis de la ‘bala loca’. Si vas al lugar donde cayó, te vas a dar cuenta que no hay por dónde, y menos con la versión que dicen que la bala viajó más de 1.500 metros. El balazo lo tiene en el sector izquierdo… hay una oficina delante, un montón de obstáculos… A mi hijo lo mataron ahí, y si dispararon de afuera lo hicieron viéndolo. La versión de la policía es muy apresurada. Estoy seguro cien por ciento: A mi hijo lo mataron, sea de afuera o de dónde sea, pero a mi hijo lo mataron… lo mandaron a matar”, dice.
Su viuda, Ximena Acevedo, agrega que el fiscal le aseguró que aún no se han hecho los peritajes balísticos ni se ha determinado el calibre: “Se están haciendo diligencias. Desconozco cuáles son los pasos… Yo estoy cooperando lo que más puedo. He pasado extensas horas declarando, entregando todo lo que sé… Lo que tengo claro es que mi esposo fue asesinado en las dependencias de la empresa, es lo que pude ver en el video y es lo que siento… Hay que buscar solamente a los responsables. Se sabe que mi esposo fue asesinado”.
Azeta tiene muy malos antecedentes: un largo historial de denuncias y demandas laborales, no pago de cotizaciones, despidos injustificados y prácticas antisindicales, entre otras. Por ejemplo, no aplicó el descuento de la cuota sindical a los no sindicalizados que obtuvieron los beneficios de la negociación colectiva; además, hay acusaciones por despido de trabajadores sindicalizados, pago de bonos a quienes no participan de las movilizaciones e, incluso, “asados” para quienes no se afilian a los sindicatos. Azeta posee muchísimas fiscalizaciones, multas e investigaciones de dictámenes. También se la ha sancionado por no otorgar descanso al menos dos domingos al mes. Los trabajadores denuncian que no respeta el contenido del contrato colectivo y hay al menos tres fiscalizaciones en junio de 2012, por “vulneración de derechos fundamentales”. En ese momento durante una huelga por el proceso de negociación colectiva, Azeta reemplazó ilegalmente a los trabajadores en huelga. La negociación colectiva debía repetirse este 2013. Hoy se sabe que Azeta cometió otra irregularidad al intentar hacer pasar lo sucedido a Juan Pablo Jiménez como “accidente de trabajo fatal”, aunque ni siquiera se ajustó al procedimiento de solicitar un prevensionista de la Coordinación Inspectiva de la Región Metropolitana Oriente. El 2011, dirigentes de los sindicatos del holding Azeta, solicitaron investigación por “simulación” a la Inspección del Trabajo. La gerencia impidió el desarrollo adecuado de la investigación al no entregar la información solicitada. Se constató que las empresas tienen la misma casa matriz, casino y vestidores, aunque diferentes RUT. Por esa razón, finalmente, los trabajadores fundaron la Federación de la cual Juan Pablo era presidente. La Sociedad de Responsabilidad Ltda. Ingeniería y Servicios Azeta utiliza distintos RUT: Ingeniería Eléctrica Azeta Ltda., Inversiones Azeta S.A., Ingeniería y Servicios Azeta Ltda. -constituida por los socios Inversiones FNA Ltda., Inversiones MRG Ltda., Inversiones Torre Manzanal Ltda., Inversiones De Ambrosio Ltda., Inversiones Campo de Alange Ltda.-, Construcciones Eléctricas y Civiles Azeta Ltda. -constituida por los socios Inversiones Azeta S.A., e Inversiones San Nicolás S.A.-, Empresa de Transportes San Nicolás Ltda. -constituida por los socios Inversiones Azeta S.A., e Inversiones San Nicolás S.A.-. En la práctica, la ley de subcontratación no se aplica.
Néstor Sepúlveda, vicepresidente de la Federación dice que las relaciones con gerencia son pésimas. Cuenta que el año pasado acusaron a varios trabajadores de robo, aunque nunca se comprobó. El jefe de seguridad, un ex uniformado, “llamó a unos ‘amigos’ Carabineros, que llegaron de civil a ‘interrogar’ a trabajadores al interior de la empresa. Se hicieron las denuncias, pero como eran policías, a los dirigentes los pasearon por todos lados y nunca hubo claridad. Hay muchas denuncias de maltrato, juicios ganados, acuerdos que no los cumple, denuncias en la Inspección”, dice.
El propio Juan Pablo, durante la última negociación colectiva participó en un programa de Radio Popular Enrique Torres, de la que era un activo miembro, donde afirmó: “Nos ofrecen un 3,5% de reajuste de sueldo. No están reconociendo el IPC y nos quieren quitar beneficios. Azeta es un holding que tiene en estos momentos cinco empresas. El gran problema es que todos conocemos cómo trabajan: se pagan unos a otros y la gran tajada se la llevan ellos. Hubo una huelga en junio y la empresa perdió varios proyectos, pero fue por mala gestión administrativa. Quieren traspasar esos costos a los trabajadores, que somos los que al fin y al cabo les llenamos los bolsillos. Tengo que destacar la cohesión que se ha producido. Hace unos años atrás había mucha división de los trabajadores, pues además laboran en áreas distintas. Nuestro sindicato tiene la particularidad de que no somos solo de un área. Antes había rencillas que se arrastraban desde Chilectra. Afortunadamente, hemos logrado cohesionar a los trabajadores”.
Azeta tiene responsabilidad
La primera hipótesis de la PDI fue la de la “bala loca”. El 2 de marzo, el 12º Juzgado de Garantía acogió la querella por homicidio simple, presentada por la familia y organizaciones sindicales. La causa se adjuntará a la indagatoria que encabeza el Ministerio Público. Aunque se han realizado varias diligencias, aún no existe un informe oficial y menos conclusiones. Se trabaja sobre la base de distintas líneas investigativas y no se descarta ninguna. “La hipótesis de la bala perdida es una más. Hay antecedentes que se entregarán directamente a la Fiscalía y no a los medios de comunicación. A Juan Pablo lo asesinaron y solo falta determinar quién es el autor de este salvaje crimen. Entregaremos antecedentes en torno a las actuaciones de ex uniformados contratados por Azeta que utilizan medios policíacos”, dice la abogada Margarita Peña. En la marcha del 27 de febrero, convocada por la familia, la Conferencia Intersindical de Trabajadores y la CEPCH, participaron más de tres mil personas, y fue reprimida violentamente por Carabineros, impidiendo la realización de un acto en las afueras del edificio de Endesa, en Avenida Santa Rosa.
Francisco Pulgar, perito del Servicio de Atención a Víctimas denunció en La Red que funcionarios de la PDI le impidieron entrar a las dependencias de Azeta a realizar un peritaje independiente: “No hay un sustento lógico para que no hayamos podido entrar”. Pulgar catalogó las diligencias de la PDI como “horriblemente malas”. “Aún no tienen clara la trayectoria de la bala ni la posición del tirador, pese a que han pasado varios días. El orificio de entrada es de cinco milímetros, entonces estamos hablando de una punto 22, que es una bala pequeña. La punto 22 tiene un menor alcance … Puede viajar cien o doscientos metros pero se genera una curva; la bala no conserva la misma energía de penetración y, tomando en consideración el cráneo, el sector de la calota es de los más duros huesos del ser humano… Lo peligroso de esta situación es que en primera instancia la investigación se tomó muy a la ligera. Se habló de ‘bala loca’. Técnicamente se habla de bala libre. En este caso en particular, se han cometido muchos errores desde el inicio. Si se hubiera trabajado balísticamente el caso ya tendríamos el lugar del punto del tirador y un rastreo en búsqueda de la vainilla. Oficialmente se dijo que la bala habría viajado 1,5 kilómetros, ¿pero en base a qué? ¿Cuál es la base técnica o científica en la cual sustentar esa hipótesis? No puedes decir ‘esto viajó a través del viento 1,5 kilómetros para impactar la calota que tiene 2,5 de ancho y con la energía que tenía perforó’. Se presentan dudas razonables pues casi a 50 metros existe una malla, una reja, y también hay un muro. Si la trayectoria es de 1,5 kilómetros tendría que haber sido muy rasante. El Fiscal y las policías deben dar una explicación a la familia y al Sindicato. Ya se adulteró el sitio del suceso”, dijo.
Según Margarita Peña, la querella les permitirá solicitar diligencias y no descartan solicitar peritajes externos: “Todavía no se reciben informes oficiales. Tanto la Brigada de Homicidios como la Fiscalía consideran y sostienen que esta investigación es compleja. Se han acotado las líneas de investigación, el espacio físico desde proviene el disparo. No puede existir un pronunciamiento definitivo porque aún está pendiente el informe de autopsia y el informe general de las primeras diligencias. Cuando alguien aparece muerto con un disparo en la cabeza, la primera hipótesis es el suicidio. Acá se descartó absolutamente. Se trata de un homicidio. Ahora bien, hay que preguntarse quién lo mató y por qué. Puede existir una intencionalidad directa, de alguien que lo quiso matar… La Fiscalía está dispuesta a interrogar a 400 personas. Vamos a establecer que en ámbito de sus relaciones sociales y personales, Juan Pablo no tenía enemigo alguno. ¿Quiénes podrían tener interés en asesinarlo? Nos encontramos trabajando con un par de hipótesis junto a la Fiscalía. Hay que preguntarse a quiénes les puede haber convenido que él no viviera; otra hipótesis, es la que planteó al principio la PDI, pero que a medida que avanza la investigación se ha ido desdibujando… Tenemos algunas convicciones íntimas que en tanto no se vean refrendadas con pruebas no nos corresponde pronunciarlas. Sabemos que estamos ante un asesinato que afecta al conjunto de los trabajadores chilenos. Podemos decir que Azeta tiene responsabilidad porque sus gerentes han declarado que en la empresa siempre ‘llueven balas’. ¿Qué medidas de seguridad tomaron para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores? La responsabilidad directa o indirectamente es de Azeta”, dice.
Las manos negras de “Azota”


Ximena Acvedo
La Brigada de Homicidios y la Fiscalía investigan a ex uniformados que trabajan en Azeta. El Fiscal Nacional (s) Alberto Ayala, señaló que se investigará también “si era o no efectiva la existencia de amenazas”. No se ha dispuesto un fiscal exclusivo, se dice, porque aún se espera el informe balístico. Ximena Acevedo, señaló a Radio Cooperativa: “Fue apresurado lo que dijeron, sin haber investigado nada. No es una ‘bala loca’ lo que mató a mi esposo… Ahora me entero que él había recibido amenazas y seguramente quiso mantenerme al margen… Hay mano negra, una mano oscura”. Tras esta declaración, a pocas horas de la muerte de su esposo, la viuda de Juan Pablo no ha vuelto a referirse a las amenazas. “Hay antecedentes que no serán divulgados por la prensa sino que se entregarán a los tribunales”, dice la abogada.
“Azota” es el nombre que los trabajadores le dan a la empresa. Según Sepúlveda, en una conversación con Francisco Negrete, uno de los dueños, y el gerente general Alfredo Jamett, “le pedimos ayuda humanitaria, para que siguieran pagándole el sueldo de Juan Pablo a su familia, que tiene que sobrevivir y comer… Nos contestaron que este mes lo van a cancelar -como corresponde por ley-, pero que ‘en los meses siguientes sería dependiendo de las querellas y demandas que les llegaran’. Le recordé a Negrete que el gerente Daniel Belmar declaró a la prensa que aquí ‘caían balas’. Pero no hicieron nada por salvaguardar la vida y salud de los trabajadores. Me contestó: ‘¿Y qué querí’ que te hubiera puesto una cúpula?’. Le dije, ‘Usted tiene expertos en seguridad, gerentes con años de universidad… Algo tendría que haber hecho’. Todos los millones que hubieran gastado no nos devuelven la vida de Juan Pablo”, dice.
 
Los trabajadores señalan que sus jefes los están presionando para que cambien de turnos, pues los sindicalizados no están trabajando horas extras ni sábados. Les han amenazado con que si no van a trabajar los sábados los sacarán de las cuadrillas donde hay más producción. La abogada redactará un informe sobre las condiciones laborales, denuncias, demandas y abusos: “Lo vamos a entregar a la Fiscalía y a la prensa. Tenemos muy claro que este es un crimen cometido en contra de todos los trabajadores. ¿En qué condiciones trabajan los chilenos? No queremos más impunidad de crímenes motivados por las condiciones de trabajo. Azeta, el grupo Enersis, Chilectra, Endesa, tienen responsabilidad en esto. No estamos diciendo que sea la responsabilidad penal, porque esa recién se está comenzando a investigar, pero sí en las condiciones en que mantienen sus instalaciones y a los trabajadores. Azeta comete demasiados abusos. La empresa trabaja con multirut. Juan Pablo ganaba muy poco, remuneración que algunos meses no rozaba ni el sueldo mínimo. Su último pago fue de 133 mil pesos líquido, y él era supervisor”.
Arnaldo Pérez Guerra/Historiador y Periodista.
Una versión de este reportaje fue publicado por revista Punto Final.

http://alainet.org/

NOTA: crédito fotos, noticias.terra.cl

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: